Fondos de carbono
Los Fondos de Carbono son esquemas colectivos de inversión orientados a la compra de reducción de emisiones de GEI o al financiamiento de proyectos de reducción de GEI tanto en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), en los Mercados Voluntarios de Carbono y en las Actividades de Implementación Conjunta.
Estos instrumentos se destacan entre las opciones de financiamiento disponibles por ser especialmente diseñados para el mercado de carbono, prestando diferentes servicios en función de la naturaleza y facultades de cada fondo.
Un Fondo de Carbono puede ser estructurado por instituciones financieras, agencias gubernamentales, banca de desarrollo o consultores, mientras que sus inversionistas típicamente se componen de gobiernos, empresas privadas o una combinación de ambos. A la fecha, la iniciativa privada administra más de la mitad de los Fondos de Carbono existentes, seguida por la Banca de Desarrollo y agencias de gobierno. El Banco Mundial es la entidad más grande en términos del número de Fondos administrados.
Aunque los Fondos de Carbono pueden otorgar financiamiento directo a proyectos elegibles para reclamar reducción de emisiones de GEI, en algunos casos también participan del proceso de desarrollo y registro de un proyecto con el fin asegurar la generación de bonos de carbono. Otros tipos de Fondos forman parte de programas oficiales de adquisición de bonos de carbono por parte de gobiernos, quienes buscan asegurar un suministro de reducción de emisiones de GEI para sus cumplir con los compromisos establecidos bajo el Protocolo de Kioto.
Bonos de carbono
Los bonos de carbono (también llamados "Créditos de Carbono") son un mecanismo internacional para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente. Es uno de los tres mecanismos propuestos en el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global o efecto invernadero (GEI o gases de efecto invernadero).
Historia
En Nueva York, el 9 de mayo de 1992 se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la que se reconoce que el problema del cambio climático es real. Se fija como objetivo estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, en un plazo suficiente para que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, sin que la producción de alimentos mundial se vea amenazada y que el desarrollo económico internacional continúe de manera sostenible.
También se les pide a los países industrializados que periódicamente realicen inventarios (mediciones) de las emisiones de gases, para de esta manera poder conocer el alcance real del problema y comprobar que las medidas aplicadas han cumplido con los objetivos. Se toma como punto de referencia las emisiones del año 1990 para así poder comparar y comprobar los resultados. De esta manera, los países que forman parte de la Convención tomarán en cuenta la necesidad de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sus decisiones respecto a la agricultura, actividades industriales, energía, uso de recursos naturales, entre otras. Actualmente la Convención se considera casi mundial ya que 195 naciones han sido ratificadas.
El 11 de diciembre de 1997 se celebra el Protocolo de Kioto (Japón), que pone en práctica los tratados de la Convención. 37 países industrializados y la Unión Europea se comprometieron a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. A diferencia con la Convención que solamente alentaba a los países a reducir sus emisiones GEI, el Protocolo de Kioto los comprometía a tomar acciones para lograr este objetivo.
El Protocolo de Kioto y su impacto
Los países que formaron parte del Protocolo reconocieron que durante los últimos 150 años habían sido los principales responsables de los elevados niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, resultado entre otras cosas, de la quema de combustibles fósiles. Para el Protocolo, se debe tratar de manera diferente a los países desarrollados que a los que están en vías de desarrollo. A los primeros se les exige que regulen sus emisiones ya que son los principales contaminadores por sus actividades industriales, mientras que a los segundos solamente se les motiva a hacerlo entendiendo que su posición económica no es la óptima para tomar medidas drásticas.
El Protocolo ha influenciado a los gobiernos para hagan leyes y políticas para cumplir con sus compromisos, y a las empresas para que consideren el impacto que tienen sus actividades en el medio ambiente. Cabe señalar que sólo las partes o países que hayan aceptado y ratificado el Protocolo se verán obligadas a cumplir con las normas. Una de las tres propuestas que se incluyeron en el Protocolo para estabilizar las emisiones de GEI fueron los bonos de carbono, presentada en 1993 por la economista argentina Graciela Chichilnisky.
El sistema ofrece incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus procesos productivos, considerando el derecho a emitir CO2 como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. La transacción de los bonos de carbono —un bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono— permite mitigar la generación de gases de efecto invernadero, beneficiando a las empresas que no emiten o disminuyen la emisión y haciendo pagar a las que emiten más de lo permitido.
Las reducciones de emisiones de GEI se miden en toneladas de CO2 equivalente, y se traducen en Certificados de Emisiones Reducidas (CER). Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera, y puede ser vendido en el mercado de carbono a países Anexo I (industrializados, de acuerdo a la nomenclatura del protocolo de Kioto). Los tipos de proyecto que pueden aplicar a una certificación son, por ejemplo, generación de energía renovable, mejoramiento de eficiencia energética de procesos, reforestación, limpieza de lagos y ríos, etc.
En un esfuerzo por reducir las emisiones que provocan el cambio climático en el planeta, como el calentamiento global o efecto invernadero, los principales países industrializados –a excepción de Estados Unidos– establecieron un acuerdo que fijaba metas cuantificadas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el 2012: el Protocolo de Kioto. Para cumplir, financiaron proyectos de captura o abatimiento de estos gases en países en vías de desarrollo, acreditando tales disminuciones y considerándolas como si hubiesen sido hechas en su territorio.
Sin embargo, los críticos del sistema de venta de bonos o permisos de emisión, argumentan que la implementación de estos mecanismos tendientes a reducir las emisiones de CO2 no tendrá el efecto deseado de reducir la concentración de CO2 en la atmósfera, como tampoco de reducir o retardar la subida de la temperatura. Según el estudio de Wigley, la implantación del Tratado de Kioto cumplido por todos los países del mundo, incluido los Estados Unidos, causará una reducción de 28 partes por millón (ppm) para 2050, o reducirá la temperatura predicha para ese año en 0,06 ºC o, si no, retrasará la fecha en que debería cumplirse el aumento dicho en 16 años.