Sociedad civil organizada

Sociedad civil organizada

La teoría política ha definido la democracia como el resultado de una intensa experiencia social e histórica que se construye de las aspiraciones y acciones de ciudadanos, grupos sociales y comunidades que luchan por asegurar y expandir sus derechos. Este esquema ha contribuido a pasar de una mera concepción de democracia electoral a una “democracia de ciudadanía”, que, en los tiempos actuales, incide en la calidad y sostenibilidad del régimen democrático.

Los bajos niveles de crecimiento económico a nivel global, las profundas desigualdades sociales y la ineficiencia de las instituciones públicas han generado la pérdida de confianza en la democracia electoral y han potenciado el discurso de la sociedad civil organizada para exigir un mayor reconocimiento de derechos políticos a la ciudadanía, a través de un diálogo bien estructurado entre el Estado y la sociedad civil, que permite generar nuevos planteamientos a la problemática de exclusión social y deficiencias institucionales.

En este sentido, después de la caída del muro de Berlín y con la celebración de la primera Cumbre de la Rio en el año 1992, la década de 1990, ha sido un escenario de innovación y empoderamiento para la sociedad civil. Como acontecimiento clave podemos destacar el inicio de un proceso de reformas políticas y económicas que empezaron a emerger luego de la guerra fría. Los Estados comenzaron a cambiar sus estructuras, lo que generó una transformación en los roles tradicionales de poder, una cultura de activa participación social, la expansión de los mercados y el fortalecimiento de una sociedad civil organizada que empezó a reclamar la protección de derechos individuales, sociales y difusos, sobre todo en materia política, a través de vías institucionalizadas.

Construcción de ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil

En este proceso, la sociedad civil ha ido adquiriendo “poder de ciudadanía” y se presenta como un nuevo grupo de presión dentro del andamiaje social para servir de contrapeso o control a los poderes públicos legítimamente integrados. Este empoderamiento de las organizaciones pretende visibilizar a los “invisibles” en las relaciones constitutivas del poder, trayendo nuevas organizaciones, una cultura democrática de derechos y una real incidencia en la interacción política.

Las principales características de estas organizaciones son la ausencia de fines lucrativos y su trabajo independiente de la esfera gubernamental. En su mayoría están integradas por ciudadanos activos, que tienen objetivos comunes y se organizan de forma legal y con legitimidad para alcanzar metas que involucran intereses de naturaleza pública, en un proceso continuo de interacción con otras instancias sociales, como el Estado, otras organizaciones y movimientos, y los ciudadanos mismos.

Estas organizaciones, desde hace mucho tiempo, han estado presentes en la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, la marginación y otras actividades de filantropía o asistencia humanitaria; sin embargo, recién en los últimos decenios su número, actividades y reconocimiento se han acrecentado. A lo largo de este período, han ido incorporando además nuevos objetivos estratégicos orientados al desarrollo sostenible, la democratización y la promoción de los derechos humanos.

Se observa también en ellas, luego de varios años de experimentación, una mayor fortaleza para articular propuestas ciudadanas de control y asistencia técnica a diversas instancias de gobierno y para abordar la construcción de lo público.

En el plano externo, el crecimiento cualitativo de las OSC (organizaciones de la sociedad civil) también ha sido motivado por la incorporación de la sociedad civil en los planes estratégicos de organismos multilaterales, foros mundiales, cumbres y otros sectores no gubernamentales de carácter internacional.

Debido a todos estos factores, en los últimos años las OSC están incidiendo en forma decisiva dentro de los regímenes políticos y han ganado visibilidad, reconocimiento y legitimidad ante organismos internacionales, medios de comunicación y opinión pública, en virtud de los nuevos roles que están teniendo en materia de desarrollo.

Aunque en algunos países el análisis de la legitimidad de su influencia política aún es discutible, resulta innegable que el desarrollo de la sociedad civil organizada en los últimos decenios es un fenómeno político y cultural que se ha constituido en un nuevo espacio de formación de la conciencia e identidad colectiva.

Construcción de lo público

Lo público es la socialización de los esfuerzos, de los saberes y, sobre todo, de la participación para resolver los problemas y encontrar soluciones colectivas. Construir la cultura de lo público significa que, de acuerdo con su responsabilidad, todos brindan su mayor capacidad, eficiencia y calidad para obtener los mejores resultados para la comunidad.

Construir lo público es también respetar y hacer cumplir el Estado de Derecho, sin ningún privilegio para nadie, cumpliendo el precepto de que la ley es igual para todos.

Para ello es necesario que los actores de la sociedad civil se conviertan en los protagonistas de la construcción de políticas públicas con rostro humano y contenido ético —transparencia, tolerancia y equidad— y del fortalecimiento de instituciones que guíen su trabajo con sentido democrático y justicia social.

Para ello es necesario ir creando la cultura de que toda acción con fin público, cualquiera que sea y de donde venga, tiene que ser informada a los ciudadanos en todos sus pormenores. Esa nueva ciudadanía va a exigir, por un lado, el cumplimiento efectivo de sus derechos sociales y, por el otro, el ejercicio también efectivo de sus derechos políticos, como una estrategia para ir construyendo el ser ciudadano. Hablamos de una nueva cultura ciudadana que pone por delante los intereses públicos en lugar de los particulares.

Esto posibilitará la emergencia de una gama enorme de actores sociales y civiles que participarán en la vida pública desde diferentes ejes temáticos: medio ambiente, género, microempresa, desarrollo local, vivienda, salud, educación y patrimonio cultural, entre muchos otros. Un actor civil que se representa a sí mismo y que va asumiendo su entorno público sin sentirse obligado a pedir permiso a los gobernantes ni a los partidos políticos para ser considerado como parte de lo público. Se construye así una ciudadanía que, de manera cotidiana, a nivel regional, nacional o internacional exige ejercer su derecho de ser parte de la solución de los asuntos públicos.

Gobernantes y ciudadanos

Los gobernantes tienen un papel asignado y la capacidad para enfrentar los problemas públicos, pero por mucho tiempo se ha demostrado que solos no pueden. Por su parte, la ciudadanía ha mostrado su capacidad y voluntad para elaborar y llevar a cabo proyectos o propuestas para enriquecer las políticas públicas, tanto locales como nacionales.

Grupos y organizaciones civiles y sociales han librado una gran lucha, para que lo público se transforme en un espacio de coordinación entre gobernantes, ciudadanos, partidos políticos, academia, y otros sectores de la sociedad. Es decir, transformar lo público para que deje de ser un asunto partidario y evolucione hacia un espacio para construir el bien común, el bien público.

La participación ciudadana y el integrar sus propuestas como parte de la solución a los problemas, es ya un asunto irreversible y global. Este cambio que ha ido logrando la sociedad organizada tendrá que verse reflejado en los actos de gobierno, que deben responder efectivamente a la demanda y al mandato dado por los ciudadanos más que a los criterios impuestos por los intereses de sus partidos políticos y otros grupos de poder.

Se requieren ya otro tipo de gobernantes que respondan a los intereses de la sociedad en su conjunto. Hay que desarrollar una nueva etapa sustentada cotidianamente en una ética social, con valores de tolerancia, respeto, transparencia y rendición de cuentas, y equidad ante la ley. Esto resulta hoy fundamental para reconstruir las relaciones de confianza entre gobernantes y ciudadanía.

Herramientas para una ciudadanía activa

Estas son las bases necesarias para una nueva forma de relación efectiva y confiable entre una ciudadanía proactiva y gobernantes dispuestos a coordinarse con los distintos sectores de la sociedad, para construir el bien público, el bien de todos.

A continuación, se describen algunas herramientas y procesos:

• El Ombudsman

El defensor del Pueblo (a veces nombrado con el término sueco “Ombudsman”, comisionado o representante), es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes ante abusos que puedan hacer los poderes políticos de ese mismo Estado. Algunos autores defienden que el Justicia de Aragón es el precursor del Defensor del Pueblo. Hay controversias si procede de la Constitución Sueca que estableció dicha figura en 1809 para dar respuesta inmediata a los ciudadanos ante abusos de difícil solución por vía burocrática o judicial, o de la figura del Procurador o protector universal de todos los indígenas de las Indias de 1516. En los países hispanohablantes se denomina comúnmente Defensor del Pueblo. Algunos países también lo han titulado Defensor de los Ciudadanos.

Se ha señalado en los derechos humanos que la efectividad de esta figura queda limitada por su incapacidad de imponer coactivamente sus decisiones a las autoridades concernidas. Su capacidad de control reside sobre todo en la razonabilidad o persuasión de sus argumentos, por lo que adquiere un carácter más político que judicial. Sin embargo, la experiencia demuestra que buena parte de sus recomendaciones suelen ser atendidas por los poderes públicos.

En algunos países, el Defensor del Pueblo tiene capacidad para presentar acciones o recursos ante la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo se ha desarrollado especialmente en el continente americano, siguiendo el modelo español. Las instituciones del continente se agrupan en la Federación Iberoamericana de Ombudsman, organización muy activa en la defensa de los derechos humanos en la región, que publica anualmente un importante informe sobre derechos humanos.

• La Banca del Vecino

La creación de la Banca del Vecino tiene como objetivo generar un medio ágil y permanente para la recepción de propuestas, denuncias u opiniones que surjan de los vecinos de una ciudad. Ello promueve una mejor comunicación entre la sociedad que se representa y el Concejo Municipal, en forma orgánica y pública, tomando conocimiento de temas puntuales y específicos.

La Banca del Vecino puede ser utilizada por todo vecino o habitante que posea residencia en una ciudad, en representación propia o de una institución, para exponer temáticas o propuestas de interés municipal que estime pertinentes. Para el uso de esta Banca tienen preferencia los habitantes de entre dieciséis y veinticinco años de edad.

Las temáticas o propuestas a exponer deben estar relacionadas con cuestiones de interés general y orientadas al bien común. La Banca del Vecino no puede ser utilizada por funcionarios políticos del Concejo Municipal, del Departamento Ejecutivo Municipal o funcionarios del Gobierno provincial o nacional, de sus reparticiones, en su calidad de tales.

• Las audiencias públicas

La audiencia pública es un mecanismo o una instancia de participación para que los ciudadanos expresen su opinión frente a la ejecución de los recursos públicos. Éste surge como un mecanismo que permite recibir quejas de la comunidad sobre el uso de los recursos públicos, y a la vez las entidades estatales le rinden cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.

La audiencia pública constituye también una instancia de participación y debate en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa, en el cual la autoridad responsable habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados, o tengan un interés particular, expresen su opinión y tomen conocimiento del parecer de los funcionarios respecto de ellas.

Las autoridades responsables de la audiencia pública informarán de qué manera han tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las cuales las desestiman.

¿Cuándo se convocan las audiencias públicas?

o Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, para discutir aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial, cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos.

o Cuando las comunidades y las organizaciones lo soliciten, sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la administración.

• El presupuesto participativo

El presupuesto participativo es una herramienta de democracia deliberativa o de la democracia directa que permite a la ciudadanía incidir o tomar decisiones referentes a los presupuestos públicos, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico o local.

Es un proceso de consulta y diálogo entre la comunidad y las autoridades sobre cuáles son las prioridades de inversión de un municipio.

Se divide el territorio cuyos presupuestos se quiera consultar, englobando a las personas afectadas, y se forman secciones de pequeño tamaño para que en cada una de ellas se puedan realizar propuestas y debatirlas con argumentos válidos y deliberando, que es el fin de la democracia deliberativa. Luego, se llevan las propuestas a unas asambleas conjuntas en las que se reúnen todos los delegados y deciden de nuevo qué solución van a tomar, debatiendo de nuevo qué va a ser lo mejor para la mayoría, siempre dentro de unas normas estipuladas, tomando una decisión acorde con los derechos de las personas e intentando no perjudicar sobremanera a nadie.

Si en esta primera asamblea no se llega a un acuerdo, se realizan más asambleas hasta que se consiga la solución preferida por la mayoría y finalmente, si no se llega a una conclusión, se decide por votación. Una vez decidido qué se va a hacer y cómo, se procede a presentar un borrador al Gobierno de la región o distrito involucrado.

• Acceso libre a la información

En las sociedades del presente, el mal uso y la manipulación de la información permite influir y controlar la conducta de los ciudadanos casi sin necesidad de recurrir a medios coactivos. Debido a ello, la libertad personal y las posibilidades reales de intervenir en los procesos sociales, económicos o políticos, están determinados por el grado de libertad del que dispongan los ciudadanos en el momento de acceder a la información de los actos administrativos y jurídicos de gobierno.

El Estado debe garantizar una correcta rendición de cuentas, horizontal y vertical, fortaleciendo así la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Y para ello, es necesario regular y garantizar el derecho de la ciudadanía para acceder a la información pública, asegurando que cada ciudadano pueda tener libre acceso a los actos administrativos y jurídicos de gobierno.

El acceso a la información permite además construir, a nivel de cada ciudadano, un juicio formado sobre aquellas cuestiones sobre las que la ley solicita su atención en el caso de una consulta popular. También permite un conocimiento adecuado para la presentación de iniciativas populares y genera transparencia en la gestión de gobierno, que redunda en una mejor imagen de las instituciones públicas frente a la ciudadanía.

La historia de la humanidad muestra los peligros inherentes a aquellas situaciones en las cuales los órganos de poder se independizan de la sociedad civil y dejan de rendir cuentas. En esos momentos, la libertad de los ciudadanos se ve coartada autoritariamente ya que la ecuación poder-libertad se resuelve en favor de los más poderosos. Y este hecho no es privativo de regímenes autoritarios o totalitarios, sino que puede suceder en regímenes como las llamadas “democracias delegativas”.

Debido a ello, para que el poder, en detrimento de la libertad, no adquiera hegemonía, es preciso desarrollar herramientas que posibiliten, además de la protección de la libertad individual, una fluida relación entre sociedad y Estado.

• Derecho constitucional de acceso a la información.

El derecho al acceso a la información pública ha sido tipificado en varias declaraciones y tratados internacionales.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se manifiesta el derecho de todo individuo a la libertad de opinión y de expresión, aduciendo que incluye los derechos de no ser molestado por sus opiniones, de investigar y recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas, sin límite de fronteras a través de cualquier medio de expresión.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la libertad de pensamiento y expresión. Constituye una garantía similar a la Declaración anterior, ya que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de cualquier tipo, asegurando el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y/o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Y prohíbe la restricción de estas libertades a través de medios indirectos como el abuso de controles oficiales o particulares.

Un adecuado acceso de la ciudadanía a la información pública es además fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones, respecto de los siguientes temas:

o Funcionarios electos: el derecho a elegir gobernantes que nos representen únicamente puede ser ejercido en forma responsable a través del conocimiento de los mismos y de sus actividades públicas anteriores.

o Elecciones libres e imparciales: para el ejercicio del acto electoral en forma libre y sin ninguna clase de manipulación es preciso obtener datos que permitan a la ciudadanía efectuar una elección responsable y razonada.

o Sufragio inclusivo: la posibilidad de que todos puedan votar garantiza la igualdad de derechos y al acceso a la información colabora para evitar la corrupción de cualquier acto electoral o tráfico de influencias.

o Derecho a ocupar cargos públicos: El acceso a la información permite conocer las condiciones de acceso a los mismos.

o Libertad de expresión: es necesaria para poder lograr un debate público que permita que los ciudadanos tengan un conocimiento del contexto que rodea a las decisiones públicas a tomarse y poder realizar sus propias opciones.

o Variedad de fuentes de información: A pesar del esfuerzo de los gobiernos y la tendencia mundial por el manejo de la información, no es democrático un Estado en el cual haya un monopolio de la información.

o Autonomía asociativa: protege la asociación de la ciudadanía con fines útiles para la obtención o defensa de derechos. En muchos casos, en la consecución de estos fines se hace indispensable un fluido acceso a la información pública.

• La revocatoria del mandato

La revocatoria del mandato –también llamado Referéndum revocatorio o Recall election– es un procedimiento de participación civil y político por el cual el cuerpo electoral, como titular de la soberanía popular y a través del sufragio, puede remover a un funcionario electo antes de expirar el período para el cual fue seleccionado para ser el presidente o intendente de un pueblo o ciudad.

La revocatoria de mandato se fundamenta en el principio de soberanía popular. El poder y la representación popular tiene su origen legal en la soberanía popular. Es decir, que todo poder proviene del pueblo y sólo puede ejercerse en virtud de una sede de raros fenómenos judiciales en esto está incluida la gramática, el termino literario revocatoria de mandato, en resumen, se refiere a normas fundamentales en la lengua y la socialización.

• El voto por preferencia

El voto preferencial es aquel tipo de voto múltiple en el que el elector establece su orden de preferencias para elegir a los candidatos. Este orden puede consistir en poner un número en los nombres de los candidatos, o bien, en señalar a un número determinado de candidatos que, incluso, puede verse reducido a la expresión de preferencia por un único candidato. Está asociado a las listas desbloqueadas, que también se conocen por el nombre de listas sábanas.

• El tribunal del vecino

Las llamadas Unidades de Justicia Vecinal son un programa desarrollado por los Ministerios de Justicia de algunos países como Chile, que buscan acercar a la ciudadanía formas de resolución de conflictos vecinales y comunitarios, de una manera ágil, transparente y eficiente. Bajo estándares modernos, basados en experiencias nacionales e internacionales, estas unidades ponen a disposición de las personas un modelo de atención que involucra a profesionales altamente calificados en los siguientes mecanismos de resolución de disputas:

o Conciliación

o Mediación

o Arbitraje

Todo ello para resolver problemas muy comunes para los vecinos y que no encuentran una vía de canalización y solución adecuadas.

• Boletín oficial

En el Boletín oficial se publican las normas sancionadas por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los Órganos de Control, el Banco de la Nación, así como comunicados y avisos, edictos particulares y oficios judiciales. La publicidad de los actos de Gobierno constituye una obligación del Estado y un derecho de la ciudadanía. A partir de su publicación en el Boletín Oficial, las leyes, los reglamentos, las resoluciones y los demás actos de alcance general entran en vigencia y se tornan eficaces.

El Boletín Oficial es el único medio idóneo para completar el proceso de implementación de normas de alcance general, cualquiera sea su nivel y rango, en el ámbito de la Nación. Su editor responsable es el titular de la Secretaría Legal y Técnica.

Los documentos publicados en la edición electrónica se consideran oficiales y auténticos. La Agencia de Sistemas de Información dispone los medios tecnológicos adecuados a los fines de garantizar su autenticidad e integridad. Está disponible on line, en forma gratuita.