Economía social de mercado

La economía social de mercado se basa en la organización de los mercados como mejor sistema de asignación de recursos y trata de corregir y proveer las condiciones institucionales, éticas y sociales para su operatoria eficiente y equitativa. En casos específicos, requiere compensar o corregir posibles excesos o desbalances que puede presentar el sistema económico moderno basado en mercados libres, caracterizado por una minuciosa y extensa división del trabajo y que, en determinados sectores y bajo ciertas circunstancias, puede alejarse de una competencia funcional. Descarta como sistema de organización la economía planificada centralmente.

Esta definición de una economía social de mercado como modelo sociopolítico básico proviene de las ideas desarrolladas por Alfred Müller-Armack (1901-1978). En su obra “Dirección económica y economía de mercado” (Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft) Müller-Armack contribuyó, en colaboración con otros pensadores, a la fundamentación de su concepción teórica. Según su definición, el núcleo de la economía social de mercado es la “combinación del principio de la libertad de mercado con el principio de la equidad social”. El marco referencial es el concepto de la libertad del hombre complementada por la justicia social.

El sistema de la economía social de mercado surge del intento consciente de sintetizar todas las ventajas del sistema económico de mercado: fomento de la iniciativa individual, productividad, eficiencia, tendencia a la auto-regulación, con los aportes fundamentales de la tradición social cristiana de solidaridad y cooperación, que se basan necesariamente en la equidad y la justicia en una sociedad dada. En este sentido, propone un marco teórico y de política económico-institucional que busca combinar la libertad de acción individual dentro de un orden de responsabilidad personal y social.

Los representantes de esta concepción trabajan en una síntesis de la tradición político-económica liberal (derechos individuales, republicanismo, mercado) con el pensamiento social-cristiano (justicia social, solidaridad).

Müller-Armack plasmó la idea fundamental de la economía social de mercado en una breve fórmula conceptual, cuyo contenido tiene que ser aplicado tomando en cuenta las respectivas condiciones sociales de implementación política. Asimismo, diseñó el concepto político de la economía social de mercado como una idea abierta y no como una teoría cerrada. Por un lado, este enfoque permite adaptar el concepto a las condiciones sociales cambiantes. Por otro, se pone de manifiesto que la dinámica de la economía social de mercado exige necesariamente una apertura frente al cambio social. Las aplicaciones y adaptaciones conceptuales no deben, sin embargo, contradecir o diluir la idea fundamental del concepto.

Una síntesis de libertad y justicia social

En la economía social de mercado, la libertad y la justicia social como valores sociales fundamentales constituyen los dos aspectos de una relación que guarda un delicado equilibrio. No es posible inclinar la balanza en forma permanente en beneficio de ninguno de los dos términos. Por otra parte, la economía social de mercado tampoco puede ser entendida como un simple compromiso entre la libertad y la justicia social, en el que la libertad se subordina a la justicia y viceversa. Por el contrario, ambos valores se complementan.

La libertad económica implica evidentemente la ausencia de coerciones que van en contra de la esfera de derechos de la persona, y desde el punto de vista económico implica la liberación de la iniciativa individual, el espíritu de empresa y las innovaciones que, según la teoría moderna, son las fuentes más importantes de la productividad y el crecimiento económico.

Por otra parte, la justicia social implica la búsqueda en el plano económico de la igualdad de oportunidades para el despliegue de los propios talentos y se basa en la solidaridad con el resto de los ciudadanos. La justicia social es un ideal o valor social que caracteriza la convivencia humana y guía la creación de lazos sociales. De acuerdo con ella, todos los miembros de la sociedad deben participar en el bienestar así como en la creación, multiplicación y conservación de la riqueza.

Si bien la justicia social está arraigada como valor amplio y general, hay que tomar en cuenta la gran variedad de indicadores de justicia existentes. En la ética moderna se destaca la compenetración de los diferentes criterios y no su existencia paralela u opuesta. Si aplicamos esta idea a la economía, se puede seguir también el concepto ternario de la justicia formulado por la filosofía clásica. Además de la justicia general orientada hacia el bienestar común (iustitia legalis), existen la justicia conmutativa y de intercambio (iustitia commutativa) y la justicia distributiva (iustitia distributiva).

La justicia de rendimiento debe ser complementada por la justicia de compensación, porque en el largo y mediano plazo, el progreso y el crecimiento no son realizables en condiciones de un marcado desequilibrio social. Por el contrario, lo que se espera es que la compensación social permita liberar potencialidades económicas. Con estos antecedentes, la cohesión social que se espera obtener como resultado de la justicia social debe evitar los grandes contrastes sociales y proteger la paz social en el interés del progreso económico.

Asimismo, la economía social de mercado presupone que un sistema económico que se desarrolla implica un consenso social que se basa naturalmente en la participación de los beneficios obtenidos en el proceso de crecimiento. Un sistema económico adecuado y productivo no puede basarse en una sociedad conflictiva, y un sistema económico productivo y eficiente genera conflictos de intereses concretos si los beneficios no se difunden de una manera amplia en la sociedad en la que se producen.

Principios estructurales y reguladores

Para llevar a la realidad económica concreta los principios enumerados hasta aquí, la economía social de mercado se basa en una serie de principios económicos que se derivan de ellos. La primera enumeración de los mismos se debe al aporte del economista alemán Walter Eucken, uno de los líderes de la Escuela de Friburgo, quien los clasificó en dos grupos: los denominados principios estructurales, que son los dedicados a garantizar el ámbito de libertad económica, y los principios reguladores, que son los que previenen los posibles abusos de esa libertad y garantizan que los beneficios generados en el mercado se difundan de manera socialmente justa.

Los principios estructurales implican el despliegue de una economía de mercado. Cuentan entre ellos la propiedad privada de los medios de producción, la existencia de mercados abiertos y competitivos, de libertad de establecer contratos, y de requerimientos de transparencia en todas las operaciones, la necesidad de políticas económicas estables y predecibles, y la primacía de la política monetaria.

En cuanto a los principios reguladores, tienen que ver con el marco institucional y la política económica a cargo del Estado. Podemos enumerar la intervención del Estado en el control y la reducción del poder monopólico (o política de defensa de la competencia), una política anti-cíclica integral que modere los auges y recesiones, la política social que garantiza la igualdad de oportunidades y la necesidad de que los precios reflejen todos los costos (para internalizar al mercado los beneficios y costos externos que no tendría en cuenta, lo que implica límites a la contaminación y a las conductas depredadoras).

Economía social de mercado = Estado de Bienestar

Esta denominación comenzó a utilizarse en Europa a partir de 1960 para referirse a los sistemas económicos de los países capitalistas más desarrollados y socialmente más avanzados. Se trata de una denominación que es sinónimo en realidad de la de "Estado de bienestar", porque se utiliza para designar aquellos sistemas económicos de mercado en los que el Estado interviene en la economía y garantiza a la gran mayoría o a la totalidad de los ciudadanos un mínimo de bienestar, bastante superior generalmente al que resultaría del libre juego de las fuerzas del mercado.

Un estado capitalista en el que además de economía de mercado hay una política de protección social que garantiza a todo ciudadano, sin distinción de condición ni clase, pensiones de vejez, invalidez, viudedad y enfermedad razonablemente altas; un salario mínimo y un subsidio de desempleo que le permitan vivir con la dignidad y el decoro que exigen las circunstancias; prestación gratuita y con los mejores estándares de calidad de ciertos servicios públicos considerados esenciales en el mundo moderno, como son la sanidad y educación, además de los servicios públicos tradicionales de seguridad, defensa y justicia; un cierto grado de implantación y desarrollo de la democracia industrial.

El nombre de Estado de bienestar o Welfare State para designar a un Estado más o menos de estas características, esto es, para referirse a un Estado que se responsabiliza del bienestar de sus ciudadanos “desde la cuna hasta la tumba”, fue utilizado por vez primera en lengua inglesa en el Informe Beveridge (1942) sobre Seguridad Social, aunque este mismo concepto venía siendo utilizado en Alemania desde hacía dos décadas, el primer país europeo que implantó —en la década de 1880— el moderno sistema de seguridad social. El Estado de bienestar modificó las condiciones de reproducción de la fuerza laboral e hizo posible que la clase trabajadora pudiera disfrutar de un nivel de bienestar muy superior al que le correspondería si la ley de hierro de los salarios hubiera funcionado con toda su crudeza.

La justicia social o justicia redistributiva del Estado de bienestar le confirió al orden económico de mercado la legitimación moral necesaria para que el proceso de acumulación capitalista pudiera proseguir.

El largo ciclo de desarrollo económico que se inició en Europa a partir de la Primera Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII, que tuvo como pilares el principio de la división del trabajo y la mecanización de los procesos productivos, al sustituir la autonomía de la heteromía (o mercantilización generalizada), minó los cimientos de un orden económico o marco de convivencia en el que las funciones de protección social eran realizadas fundamentalmente por las familias y otras comunidades de base. El Estado de bienestar nació para dar respuesta a los nuevos problemas y a las nuevas demandas sociales que el progreso económico fue generando.