Libre acceso a la información

En las sociedades del presente, el mal uso y la manipulación de la información permite influir y controlar la conducta de los ciudadanos casi sin necesidad de recurrir a medios coactivos. Debido a esto, la libertad personal y las posibilidades reales de intervenir en los procesos sociales, económicos o políticos, están determinados por el grado de libertad del que dispongan los ciudadanos en el momento de acceder a la información de los actos administrativos y jurídicos de gobierno.

El Estado debe garantizar una correcta rendición de cuentas, horizontal y vertical, fortaleciendo así la forma de gobierno representativa, republicana y federal. Y para ello es necesario regular y garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública, asegurando que efectivamente cada ciudadano pueda conocer los actos administrativos y jurídicos de gobierno.

El acceso a la información permite además construir y formar, a nivel de cada ciudadano, un juicio sobre aquellas cuestiones sobre las que la ley solicita su atención en el caso de una consulta popular. También permite un conocimiento adecuado para la presentación de iniciativas populares y genera transparencia en la gestión de gobierno, que redunda en una mejor imagen de las instituciones públicas frente a la ciudadanía.

La historia de la humanidad muestra los peligros inherentes a aquellas situaciones en las cuales las instituciones y los órganos de poder se autonomizan de la sociedad civil y dejan de rendir cuentas. En esos momentos, la libertad de los ciudadanos se ve coartada autoritariamente, ya que la ecuación poder-libertad se resuelve en favor de los más poderosos, y la arbitrariedad se hace presente. Y este hecho no es privativo de regímenes autoritarios o totalitarios, sino que puede suceder en regímenes como las llamadas “democracias delegativas”.

Debido a ello, para que el poder, en detrimento de la libertad, no adquiera hegemonía, es preciso desarrollar herramientas que posibiliten, además de la protección de la libertad individual, una fluida relación entre sociedad y Estado.

Derecho constitucional de acceso a la información

El derecho al acceso a la información pública ha sido tipificado en varias declaraciones y tratados internacionales:

1. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se manifiesta el derecho de todo individuo a la libertad de opinión y de expresión, aduciendo que incluye los derechos de no ser molestado por sus opiniones, de investigar y recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas, sin límite de fronteras, a través de cualquier medio de expresión.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la libertad de pensamiento y expresión. Constituye una garantía similar a la Declaración anterior porque comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de cualquier tipo, asegurando el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, y/o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Y prohíbe la restricción de estas libertades a través de medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares.

Un adecuado acceso de la ciudadanía a la información pública es además fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones, respecto de los siguientes temas:

1. Funcionarios electos: el derecho a elegir gobernantes que nos representen únicamente puede ser ejercido en forma responsable a través del conocimiento de los mismos y de sus actividades públicas anteriores.

2. Elecciones libres e imparciales: para el ejercicio del acto electoral en forma libre y sin ninguna clase de manipulación es preciso obtener datos que permitan a la ciudadanía efectuar una elección responsable y razonada.

3. Sufragio inclusivo: la posibilidad de que todos puedan votar garantiza la igualdad de derechos y el acceso a la información colabora para evitar la corrupción de cualquier acto electoral o tráfico de influencias.

4. Derecho a ocupar cargos públicos: el acceso a la información permite conocer las condiciones de obtención de los mismos.

5. Libertad de expresión: es necesaria para poder lograr un debate público que permita que los ciudadanos tengan un conocimiento del contexto que rodea a las decisiones públicas a tomarse, y poder determinar sus propias opciones.

6. Variedad de fuentes de información: A pesar de la tendencia mundial, no es democrático un Estado en el cual haya un monopolio de la información.

7. Autonomía asociativa: protege la asociación de la ciudadanía con fines útiles para la obtención o defensa de derechos. En muchos casos, en la consecución de estos fines, se hace indispensable un fluido acceso a la información pública.