Sociedad civil organizada

Sociedad civil organizada

La teoría política ha definido la democracia como el resultado de una intensa experiencia social e histórica que se construye de las aspiraciones y acciones de ciudadanos, grupos sociales y comunidades que luchan por asegurar y expandir sus derechos. Este esquema ha contribuido a pasar de una mera concepción de democracia electoral a una “democracia de ciudadanía”, que, en los tiempos actuales, incide en la calidad y sostenibilidad del régimen democrático.

Los bajos niveles de crecimiento económico a nivel global, las profundas desigualdades sociales y la ineficiencia de las instituciones públicas han generado la pérdida de confianza en la democracia electoral y han potenciado el discurso de la sociedad civil organizada para exigir un mayor reconocimiento de derechos políticos a la ciudadanía, a través de un diálogo bien estructurado entre el Estado y la sociedad civil, que permite generar nuevos planteamientos a la problemática de exclusión social y deficiencias institucionales.

En este sentido, después de la caída del muro de Berlín y con la celebración de la primera Cumbre de la Rio en el año 1992, la década de 1990, ha sido un escenario de innovación y empoderamiento para la sociedad civil. Como acontecimiento clave podemos destacar el inicio de un proceso de reformas políticas y económicas que empezaron a emerger luego de la guerra fría. Los Estados comenzaron a cambiar sus estructuras, lo que generó una transformación en los roles tradicionales de poder, una cultura de activa participación social, la expansión de los mercados y el fortalecimiento de una sociedad civil organizada que empezó a reclamar la protección de derechos individuales, sociales y difusos, sobre todo en materia política, a través de vías institucionalizadas.

Construcción de ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil

En este proceso, la sociedad civil ha ido adquiriendo “poder de ciudadanía” y se presenta como un nuevo grupo de presión dentro del andamiaje social para servir de contrapeso o control a los poderes públicos legítimamente integrados. Este empoderamiento de las organizaciones pretende visibilizar a los “invisibles” en las relaciones constitutivas del poder, trayendo nuevas organizaciones, una cultura democrática de derechos y una real incidencia en la interacción política.

Las principales características de estas organizaciones son la ausencia de fines lucrativos y su trabajo independiente de la esfera gubernamental. En su mayoría están integradas por ciudadanos activos, que tienen objetivos comunes y se organizan de forma legal y con legitimidad para alcanzar metas que involucran intereses de naturaleza pública, en un proceso continuo de interacción con otras instancias sociales, como el Estado, otras organizaciones y movimientos, y los ciudadanos mismos.

Estas organizaciones, desde hace mucho tiempo, han estado presentes en la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, la marginación y otras actividades de filantropía o asistencia humanitaria; sin embargo, recién en los últimos decenios su número, actividades y reconocimiento se han acrecentado. A lo largo de este período, han ido incorporando además nuevos objetivos estratégicos orientados al desarrollo sostenible, la democratización y la promoción de los derechos humanos.

Se observa también en ellas, luego de varios años de experimentación, una mayor fortaleza para articular propuestas ciudadanas de control y asistencia técnica a diversas instancias de gobierno y para abordar la construcción de lo público.

En el plano externo, el crecimiento cualitativo de las OSC (organizaciones de la sociedad civil) también ha sido motivado por la incorporación de la sociedad civil en los planes estratégicos de organismos multilaterales, foros mundiales, cumbres y otros sectores no gubernamentales de carácter internacional.

Debido a todos estos factores, en los últimos años las OSC están incidiendo en forma decisiva dentro de los regímenes políticos y han ganado visibilidad, reconocimiento y legitimidad ante organismos internacionales, medios de comunicación y opinión pública, en virtud de los nuevos roles que están teniendo en materia de desarrollo.

Aunque en algunos países el análisis de la legitimidad de su influencia política aún es discutible, resulta innegable que el desarrollo de la sociedad civil organizada en los últimos decenios es un fenómeno político y cultural que se ha constituido en un nuevo espacio de formación de la conciencia e identidad colectiva.

Construcción de lo público

Lo público es la socialización de los esfuerzos, de los saberes y, sobre todo, de la participación para resolver los problemas y encontrar soluciones colectivas. Construir la cultura de lo público significa que, de acuerdo con su responsabilidad, todos brindan su mayor capacidad, eficiencia y calidad para obtener los mejores resultados para la comunidad.

Construir lo público es también respetar y hacer cumplir el Estado de Derecho, sin ningún privilegio para nadie, cumpliendo el precepto de que la ley es igual para todos.

Para ello es necesario que los actores de la sociedad civil se conviertan en los protagonistas de la construcción de políticas públicas con rostro humano y contenido ético —transparencia, tolerancia y equidad— y del fortalecimiento de instituciones que guíen su trabajo con sentido democrático y justicia social.

Para ello es necesario ir creando la cultura de que toda acción con fin público, cualquiera que sea y de donde venga, tiene que ser informada a los ciudadanos en todos sus pormenores. Esa nueva ciudadanía va a exigir, por un lado, el cumplimiento efectivo de sus derechos sociales y, por el otro, el ejercicio también efectivo de sus derechos políticos, como una estrategia para ir construyendo el ser ciudadano. Hablamos de una nueva cultura ciudadana que pone por delante los intereses públicos en lugar de los particulares.

Esto posibilitará la emergencia de una gama enorme de actores sociales y civiles que participarán en la vida pública desde diferentes ejes temáticos: medio ambiente, género, microempresa, desarrollo local, vivienda, salud, educación y patrimonio cultural, entre muchos otros. Un actor civil que se representa a sí mismo y que va asumiendo su entorno público sin sentirse obligado a pedir permiso a los gobernantes ni a los partidos políticos para ser considerado como parte de lo público. Se construye así una ciudadanía que, de manera cotidiana, a nivel regional, nacional o internacional exige ejercer su derecho de ser parte de la solución de los asuntos públicos.

Gobernantes y ciudadanos

Los gobernantes tienen un papel asignado y la capacidad para enfrentar los problemas públicos, pero por mucho tiempo se ha demostrado que solos no pueden. Por su parte, la ciudadanía ha mostrado su capacidad y voluntad para elaborar y llevar a cabo proyectos o propuestas para enriquecer las políticas públicas, tanto locales como nacionales.

Grupos y organizaciones civiles y sociales han librado una gran lucha, para que lo público se transforme en un espacio de coordinación entre gobernantes, ciudadanos, partidos políticos, academia, y otros sectores de la sociedad. Es decir, transformar lo público para que deje de ser un asunto partidario y evolucione hacia un espacio para construir el bien común, el bien público.

La participación ciudadana y el integrar sus propuestas como parte de la solución a los problemas, es ya un asunto irreversible y global. Este cambio que ha ido logrando la sociedad organizada tendrá que verse reflejado en los actos de gobierno, que deben responder efectivamente a la demanda y al mandato dado por los ciudadanos más que a los criterios impuestos por los intereses de sus partidos políticos y otros grupos de poder.

Se requieren ya otro tipo de gobernantes que respondan a los intereses de la sociedad en su conjunto. Hay que desarrollar una nueva etapa sustentada cotidianamente en una ética social, con valores de tolerancia, respeto, transparencia y rendición de cuentas, y equidad ante la ley. Esto resulta hoy fundamental para reconstruir las relaciones de confianza entre gobernantes y ciudadanía.