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Revisión del 18:38 14 jul 2011
Legitimidad y validación externa
La legitimidad es un término utilizado en la Teoría del Derecho y en la Ciencia Política. En términos jurídicos la legitimidad es la capacidad de ser obedecido sin recurrir a la coacción, en contraposición a la autoridad. En términos políticos la legitimidad es la capacidad que permite ejercer el poder sin necesidad de recurrir a la violencia.
El proceso mediante el cual una persona obtiene legitimidad se denomina legitimación. También las organizaciones adquieren “legitimidad”, cuando son confiables y creíbles. De esta forma obtienen reconocimiento y su consecuente licencia social para operar, por lo cual está intrínsecamente relacionada con el concepto de autoridad moral y honestidad intelectual
Legitimidad en términos jurídicos
Cuando una norma jurídica es obedecida sin que medie el recurso al monopolio de la violencia se dice que esa norma es percibida como legítima. La moderna teoría del derecho establece que las características que ha de cumplir una norma jurídica para ser legítima son tres: justicia, validez y eficacia.
La validez se refiere a la manera en que la norma ha sido promulgada: una norma jurídica es válida cuando ha sido emitida por el órgano competente, e inválida cuando ha sido emitida por un órgano no competente. Así, es inválida una ordenanza de la municipalidad de Buenos Aires que pretenda organizar el tráfico de la ciudad de Nueva York, pero son válidas las ordenanzas de la municipalidad de Buenos Aires para organizar el tráfico de esa misma ciudad.
La justicia se refiere al cumplimiento o no de los fines que la sociedad considera como buenos. Una norma es injusta si la población considera mayoritariamente que no se atiene a los objetivos colectivos de esa misma sociedad. Ocurre en muchos lugares, por ejemplo, que se considera injusto pagar por estacionar en la vía pública, a pesar de las ordenanzas municipales son válidas y obligan a ello.
La eficacia se refiere al seguimiento o acatamiento de la norma. Una norma es eficaz si la población la cumple, con independencia de si la percibe como justa o válida, e ineficaz si es ampliamente desobedecida. Por ejemplo, la prohibición de estacionar en doble fila suele ser percibida por todo el mundo como algo justo, y es desde luego una prohibición válida. Sin embargo es desobedecida por la gran mayoría de los conductores.
La validez es expresable en términos más o menos formales y objetivos (“puede tal órgano emitir tal norma…”). La justicia se expresa en términos más o menos materiales y subjetivos (“la sociedad considera injusta tal norma…”). La eficacia es una cuestión descriptiva y fáctica, referida a los hechos (“ocurre o no un acatamiento generalizado de la norma…”).
Por tanto, y expresado en términos someros, la coincidencia de justicia, validez y eficacia en una norma es la medida de su legitimidad. Puesto que la legitimidad es graduable, habrá normas más o menos legítimas. Cuando una norma es percibida como legítima es masivamente obedecida, no siendo necesaria la sanción salvo en casos puntuales. Cuando una norma el percibida como ilegítima es masivamente desobedecida, a no ser que se recurra, directamente, a la sanción. En general, el ejercicio habitual de la sanción y la violencia por parte del Estado para hacer efectivo el cumplimiento de una norma es síntoma inequívoco de que o bien es inválida, o bien es percibida como injusta, o bien es ineficaz, o las tres cosas al mismo tiempo. El cumplimiento de la norma de manera habitual y sin recurso a la violencia suele ser prueba de que es percibida como legítima.
Legitimidad en sentido político
Si la legitimidad jurídica se refiere la ley, la legitimidad política se refiere al ejercicio del poder. El poder político que es percibido como legítimo será mayoritariamente obedecido, mientras que el percibido como ilegítimo será desobedecido, salvo que se obtenga obediencia por medio de la violencia del Estado.
No debe confundirse legitimidad política con afinidad política. En democracia, los votantes del partido político perdedor pueden lamentarse por haber perdido las elecciones, pero no por ello desobedecen al nuevo gobierno. Tampoco debe confundirse legitimidad con democracia, puesto que durante la Monarquía Absoluta, por ejemplo, el pueblo consideraba masivamente legítimo al monarca, que no había sido elegido por mayoría.
La legitimidad política se podría entonces definir desde dos perspectivas: la de quien obedece y la de quien manda.
Desde la perspectiva de quien obedece, será legítimo aquel gobierno que accede al poder cumpliendo los requisitos que los que obedecen creen que tiene que cumplir para mandar.
Desde la perspectiva de quien manda, será legítimo aquel gobierno que accede al poder haciendo ver a los que obedece que cumple los requisitos para mandar.
La legitimidad así entendida es un compromiso entre ambos extremos. Desde luego, la teoría de la legitimidad no prejuzga la bondad o maldad de tal o cual régimen político, sino que examina, simplemente, los mecanismos de mando y obediencia.