Las cuentas de la tierra: economía verde y renta
en este libro la periodista británica Frances Cairncross, célebre editora The Economist y actual rectora de la universidad de Exeter, explica porqué la preocupación por el medio ambiente ha pasado a ser un asunto global y a desempeñar un papel de primera importancia en la vida cotidiana de empresas, hogares y parlamentos. Sin embargo, un mito domina aún la opinión general en relación con cuestiones como la deforestación, el agotamiento de la capa de ozono o la lluvia ácida: una política medioambiental correcta constituye un anatema para la prosperidad económica de las empresas privadas y las economías nacionales. Principal divulgadora del capitalismo verde, ella defiende la iniciativa privada como vehículo de actuación purificadora a nivel global y como tabla de salvación colectiva para la preservación de la naturaleza. Según esta autora, el mercado es el regulador. Sus argumentos fundamentales son los siguientes: la legislación medioambiental modifica y perturba la tarea del mercado provocando una pérdida de eficacia en la organización y gestión de los recursos escasos. La legislación debería limitarse, solamente, a obligar a prevenir o limpiar la contaminación cuando el coste de hacerlo iguale los beneficios obtenidos al hacerlo, de lo contrario origina deuda y, por lo tanto, quiebra. Desde esta perspectiva, la obtención de un medio ambiente limpio puede lograrse mediante: el cambio de los estilos de consumo, pero como estos son muy difíciles de cambiar ha de ser la tecnología creada por empresas privadas la que solucione los problemas ecológicos; el gobierno sólo debe fomentar y promover una demanda favorable al perfeccionamiento de las tecnologías, induciendo el uso de mecanismos de producción distintos. La convicción de los partidarios del capitalismo verde de que el mercado es compatible con el medio ambiente los lleva a argumentar que las políticas enfocadas a modificar por ley los métodos de actuación de las empresas son antiecológicas, debido a que las empresas que producen tecnologías amplían sus mercados pero quienes las aplican incrementan sus costes y no son considerados ni contabilizados como inversión. De modo tal que los ahorros obtenidos por las empresas mediante la reducción de emisiones y residuos para evitar las multas y sanciones podrían obtenerse a través de inversiones más lucrativas. Asimismo, la competencia internacional favorecería a los países que no tengan implantadas normas medioambientales, al tener costes más reducidos. Esta postura defiende la iniciativa privada y el mercado como su regulador. El problema de esta alternativa es que su enfoque es exclusivamente microeconómico y no es capaz de dar cuenta de los fenómenos a nivel mundial, ni de forma global». Ver sus libros: Las cuentas de La Tierra: economía verde y rentabilidad medioambiental (1993) y Ecología S.A. Hacer negocios respetando el medio ambiente (1996).