Igualdad de acceso a las oportunidades
La igualdad de acceso a las oportunidades es una idea de justicia social que propugna que un sistema es socialmente digno y justo cuando todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos.
Este concepto sostiene que todas las personas deben tener las mismas oportunidades para acceder tanto al mercado de trabajo como a la educación y otros derechos, y no se debe ser objeto de discriminación por razones de sexo, raza, edad, rango socioeconómico, orientación sexual, discapacidad o creencias religiosas. Existe una amplia legislación contra la discriminación en materia de igualdad de oportunidades de empleo, vivienda y bienes y servicios.
Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratado de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta. Es importante distinguirlo de la discriminación positiva, que supone diferenciación y reconocimiento.
La mayor parte de los países practican la discriminación contra extranjeros y otras minorías dentro de sus fronteras. Esta discriminación suele ser por razones de religión (como la existente entre protestantes y católicos o entre musulmanes y judíos), por razones de raza (como la política de apartheid que se practicó en Sudáfrica entre 1948 y 1992) o por razones de sexo (como ocurre en muchos países donde las mujeres tienen derechos muy limitados, o se discrimina a las personas homosexuales).
La legislación de cada país debería ser el medio para combatir la discriminación, pero con frecuencia son precisamente estas leyes las que, de forma activa o pasiva, alientan las prácticas discriminatorias. Por lo general, se ha observado que la discriminación aumenta de forma considerable en períodos de recesión económica, cuando la población vuelca su insatisfacción sobre otros grupos étnicos o religiosos, considerados como presuntos causantes de esta situación.
Los esfuerzos internacionales para combatir la discriminación han sido casi inexistentes hasta la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) en 1945. Uno de los objetivos de este documento era fomentar "el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión".
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, representa una amplia afirmación de los derechos humanos, aunque carece de efecto vinculante sobre los Estados miembros. Posteriormente, la Asamblea General aprobó el Acuerdo sobre Derechos Civiles y Políticos (que entró en vigor en 1976), así como acuerdos específicos sobre prevención y penalización del genocidio y sobre eliminación de cualquier forma de discriminación racial. Estos acuerdos fueron firmados por la gran mayoría de los países, entre los que no se encontraba Estados Unidos, aunque en febrero de 1986 el Senado de este país respaldó la condena de la ONU sobre el genocidio.
El desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la igualdad de acceso a las oportunidades para todos, sin ningún tipo de discriminación, constituyen el eje principal de la acción del Estado. Consecuentes con ello, los gobiernos deben comprometerse a:
• Adoptar medidas orientadas a lograr la generación de oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas, erradicando toda forma de inequidad y de discriminación, en un contexto de pleno respeto a los Derechos Humanos.
• Promover la generación y el acceso al empleo pleno, digno y productivo, mediante el incremento de la inversión, la producción y el desarrollo empresarial.
• Garantizar el acceso universal a una educación integral de calidad, orientada al trabajo y a la cultura, enfatizando los valores éticos, con gratuidad en la educación pública, y reducir las brechas de calidad existentes entre la educación pública y privada, rural y urbana, incorporando la certificación periódica de las instituciones educativas, el fortalecimiento y la revaloración de la carrera magisterial e incrementando el presupuesto del sector educación hasta alcanzar un monto equivalente al 6% del PBI.
• Garantizar el acceso universal a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud, promoviendo el acceso universal a la jubilación y la seguridad social, y fomentando el desarrollo de un sistema nacional de salud integrado y descentralizado.
• Consolidar una política cultural que incentive los valores promotores del desarrollo, la responsabilidad ciudadana y la convivencia armónica.
• Propiciar el acceso de cada familia a una vivienda digna y a condiciones básicas para un desarrollo saludable, en un ambiente de calidad y seguridad.
• Promover el desarrollo físico de la persona mediante la actividad deportiva, de forma tal que favorezca su formación integral y mejore su rendimiento como fuerza productiva.