Gobernabilidad
Gobernabilidad democrática
El término gobernabilidad refiere al grado de implementación de un sistema de gobernanza que regula las relaciones de poder entre los diferentes grupos y sectores dentro de una sociedad.
Aunque estas relaciones varían según el país y la época, todos los países se enfrentan al siguiente desafío: cómo las instituciones pueden asegurar el bienestar de sus ciudadanos de manera más eficaz, y cómo los ciudadanos pueden contribuir a construir y a mantener instituciones que sean transparentes, eficientes y equitativas.
Siguiendo este argumento, la gobernabilidad implica:
• Crear instituciones ciudadanas.
• Desarrollar opinión pública y actores sociales deliberantes.
• Organizar grupos que ejerciten el control social de las políticas de las instituciones gubernamentales y organismos multilaterales.
• Promover la interlocución proactiva entre las redes de información y producción de conocimientos de los ciudadanos organizados.
• Generar esferas públicas de negociación de las agendas de gobierno.
• Conseguir la construcción de políticas públicas que expresen la deliberación de la sociedad civil y los gobiernos, a la vez que la objetivación de los mecanismos para resolver conflictos.
Sin embargo, lo que sucede en la realidad está aún distante a este modelo. En Latinoamérica, por ejemplo, generalmente no existen políticas públicas legitimadas por la negociación ciudadana, ni reconocimiento de las agendas de las organizaciones de la sociedad civil. Las instituciones que validan las mediaciones, cuando existen, son precarias, y la participación ciudadana generalmente es frágil por la asimetría de las informaciones y del poder que ostentan las partes.
Teniendo en cuenta este contexto, una estrategia de fortalecimiento de la ciudadanía debería defender la primacía de la soberanía popular como sostén de toda la democracia institucionalizada, haciendo uso de los mecanismos de protección y expresión de derechos que ésta contempla, incluso respecto de las minorías. Así lo vienen haciendo muchos movimientos ciudadanos del continente.
También es preciso valorar el aprendizaje permanente de jóvenes y adultos y la educación ciudadana, como componentes claves para crear capacidades y poder ciudadano, a partir de acciones colectivas que formen sujetos habilitados para tener un pensamiento crítico, para tomar decisiones, actuar responsablemente en todos los niveles, y para deliberar y mantener controversias con los decisores de las políticas oficiales y con los grupos de presión y de poder (empresas, iglesia, sindicatos, etc.).
Al mismo tiempo, resulta clave crear redes de información, de intercambio y de solidaridad e inspiración ética, que sistematicen los conocimientos para la sustentabilidad y eficiencia de las acciones emprendidas.
Gobierno abierto
El Gobierno abierto es una doctrina política que surge a partir de la adopción de la filosofía del movimiento del software libre a los principios de la democracia. El gobierno abierto tiene como objetivo que la ciudadanía colabore en la creación y mejora de servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas.
El concepto surgió a finales de 1970 en Inglaterra. El objetivo principal era reclamar la apertura del gobierno y la participación ciudadana frente al secretismo con el que se actuaba. Dos décadas después continuó utilizándose el término “open government”, entendiendo por el mismo el acceso libre a la información, protección de datos y al conocimiento de las actividades previstas que el Gobierno realizará o está realizando permitiendo así el ejercicio de la opinión ciudadana.
Sustentabilidad política
El fundamento político de la sustentabilidad se encuentra estrechamente vinculado a los procesos de democratización y de construcción de ciudadanía, y busca garantizar la incorporación plena de las personas a los beneficios de la sustentabilidad.
Esto se resume, a nivel micro, en la democratización de la sociedad, y a nivel macro, en la democratización del Estado. El primer objetivo supone el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones sociales y comunitarias, el acceso a la información de todos los ciudadanos en términos ambientales, y la capacitación para la toma de decisiones. El segundo se logra a través del control ciudadano del Estado y la incorporación del concepto de responsabilidad política en la actividad pública. Ambos procesos constituyen desafíos netamente políticos, que sólo podrán ser enfrentados a través de la construcción de alianzas entre diferentes grupos sociales, de modo de proveer la base de sustentación y de consenso para el cambio de estilo de vida hacia la sustentabilidad.
La sustentabilidad política incorpora, además, junto a las tradicionales concepciones de libertades políticas, los requerimientos de autodeterminación de los pueblos indígenas o de las comunidades locales o regionales en relación a poderes centralizados, y las reivindicaciones de equidad en la participación en el ámbito de los territorios, los géneros, las generaciones y las culturas. También la coherencia entre los ámbitos publico y privado. Esta dimensión política de la sustentabilidad permite asegurar el incremento de la profundización democrática, y, por lo tanto, niveles crecientes de gobernabilidad.
La ex candidata a presidente del Brasil, Marina Silva, una de las principales promotoras de este concepto, sostiene que para poder dar respuesta a esta crisis civilizatoria, es imprescindible que abandonemos la idea de un Estado fiscalizador y paternalista para avanzar hacia la visión de un Estado movilizador, que promueva el bienestar general alentando las inversiones de largo plazo y rompa con las lógicas de tutela que han sido impulsadas desde los gobiernos, y que promueva además la participación de cada ciudadano desde su protagonismo autoral y activismo actoral a partir de su corresponsabilidad, que implica convivencia, cooperación, colaboración, sinergia, solicitud y solidaridad, en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Compromiso es promesa compartida.